Los legisladores del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, presentaron el último viernes un proyecto de ley que apunta a la prohibición en toda la jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en ámbitos territoriales, lacustres o marítimos, la instalación de criaderos o establecimientos de procesamiento de especies ictícolas salmónidas, bajo cualquier modalidad, como así también toda explotación industrial o comercial.

En sus fundamentos el proyecto de ley, afirma “ha causado conmoción en la Provincia, la sentencia de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Punta Arenas, República de Chile, que dejando sin efecto una medida de no innovar oportunamente incoada y autorizada en primera instancia, virtualmente habilitó a la empresa Nova Austral S.A. de capitales noruegos, a cultivar alrededor de dos millones de salmones en cuatro jaulas a instalarse en las inmediaciones del Canal Beagle, en la zona de Puerto Williams, a unos cinco kilómetros de la frontera trazada entre Argentina y Chile por imperio de los instrumentos internacionales vigentes entre las partes, en particular, el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”.

URQUIZA Y VILLEGAS

También indica que “que el salmón es una especie ajena al medio ecológico austral, cuya aparición causaría un desequilibrio dramático en el entorno marino, particularmente por la aptitud de generar enfermedades virales, parasitarias y bacterianas que no son propias de nuestras latitudes en virtud del enfoque industrial de criadero y su posterior procesamiento”.

“Es sabido que, funcionarios de segunda línea del gobierno provincial han pretendido expresar que a pesar del convenio de colaboración suscripto con el gobierno noruego para explorar potencialidades de la salmonicultura de la jurisdicción provincial, el proyecto ya no está en la agenda del gobierno”, agrega en sus fundamentos.

Por último, asevera “a los fueguinos, no nos alcanzan esas simples expresiones políticas que no despejan completamente la incertidumbre. Es necesario dar un paso más claro, profundo y contundente en términos legales e institucionales a fin de impedir que en la jurisdicción provincial se instalen emprendimientos de estas características”.

Asimismo, presentaron un proyecto de Resolución para que el parlamento fueguino le reclame a la Cancillería Argentina acciones diplomáticas y de vigilancia a la República de Chile – en el marco de las reglas internacionales vigentes – con el fin de evitar el impacto ambiental que la piscicultura y explotación industrial de esas características pueda afectar al ecosistema del “Mar de la Zona Austral”, ámbito natural inescindible entre ambos países.