La Fiscalía Federal ofreció a 11 dirigentes sindicales, acusados de cortar durante 11 días la ruta en marzo de 2016 y dejar aislada a la capital fueguina, a pagar un resarcimiento individual de $30 mil para evitar el juicio oral y público. Los dirigentes están acusados de los delitos de “interrupción del transporte y de servicios básicos”, a partir de los hechos que comenzaron a producirse el 15 de marzo de 2016, con interrupciones parciales de la ruta, y se mantuvieron ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.
En el caso del corte de la ruta están imputados el secretario general del Sutef Horacio Gustavo Catena y la dirigente del mismo sector María Florencia Villarreal, el secretario general del ATE, Hipólito Carlos Córdoba, al secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicas (Afep) José Darío Gómez y los miembros del Soem Sandra Cristina Esperón y Horacio Gallegos. También la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc) Elisa Catalina Dietrich, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Roberto Marcelo Kuba, el secretario adjunto de Atsa, Jorge Daniel Saravia, la ex representante de los jubilados autoconvocados Patricia Beatriz Blanco y el secretario gremial del sindicato de músicos, Juan Marcelo Levincoy Pérez.