La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia confirmó el procesamiento del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba y de la ex secretaria de Acción Social del sindicato, Lilian Carolina Galli en la causa por el escándalo de las viviendas sociales vendidas a personas ajenas al gremio, a la vez que declaró la incompetencia de la justicia provincial para investigar las maniobras de lavado de dinero vinculadas al mismo caso.
El juez de instrucción Javier De Gamas Soler, explicó en su fallo de 2019 (ahora confirmado por la Cámara) que la conducción de ATE utilizó un “proyecto lícito y destacable” como lo es la construcción de 128 viviendas sociales para personas afiliadas al sindicato (en el barrio Barrancas del Río Pipo) para quedarse con 21 de esos inmuebles y “negociarlos a grandes valores económicos”, que si bien eran altos, constituían precios menores al del mercado inmobiliario privado.
También procesó a la “cara visible” de la maniobra, Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, un empleado municipal e integrante de la comisión de viviendas de ATE, a quien además de las estafas y la defraudación le adjudicaron “lavado de activos de origen delictivo”. Por idéntico delito fueron procesados Gisela Edith Escobar (pareja de Arana) y Erik Enrique Moscoso Panozo. A todos los embargaron por 3 millones de pesos.