El secretario de gestión y participación ciudadana de Río Grande, Federico Runín hablo sobre los alcances de la propuesta de consenso fiscal. «Uno de los principales reparos que hemos manifestado desde el viernes tiene que ver con el impuesto inmobiliario, porque hoy está judicializado, y en el acuerdo se propone un convenio de recaudación y coparticipación de este impuesto, en sintonía con lo que estipula la ley provincial 1075».
«Nosotros planteamos lo que estipulan las cartas orgánicas municipales, y en 2016 se decidió por ordenanza no adherir a la ley 1075 por considerar que atenta contra la autonomía municipal. El impuesto inmobiliario es de competencia municipal y este modelo de convenio, tal como está escrita la cláusula, implica reconocer la facultad de cobro en cabeza de la provincia”, manifestó.
También se solicitó ayer que se ampliara la información sobre los alcances de la adecuación relacionada con el sistema previsional, “porque el borrador propone un acuerdo de las partes para llevar adelante las reformas necesarias para encauzar la emergencia. Nosotros adelantamos vía mail un pedido de aclaración sobre las reformas para las cuales se está pidiendo acompañamiento, porque en esta cláusula se reconoce un déficit de dos mil seiscientos millones de pesos proyectado en forma trianual”, dijo.