El legislador Ricardo Furlan (FPV) destacó en relación al conflicto entre la Provincia y los municipios de Ushuaia y Río Grande en torno a la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario urbano que, en la Constitución Provincial, “se resolvió que los municipios lo sigan cobrando porque fue una Constitución municipalista de cabo a rabo”. Y remarcó que la ley 1075 invita a los municipios a adherir a la normativa, y que de ningún modo busca afectar la potestad tributaria de los municipios.
Furlan manifestó que “nosotros aprobamos la ley de buena fe entendiendo que no se iban a tocar los recursos municipales anteriores, y entendiendo también que cada uno de los municipios debía adherirse a la ley”.
“Después vinieron vientos políticos distintos y alguno entendió que la Legislatura le dio la facultad de ir y presentarse en la Justicia”, observó, ante lo cual “nosotros dijimos ‘ojo AREF, si hay doble imposición fijate porque no puede existir’”. Y agregó que “si nosotros estamos considerando esto es porque estamos reconociendo que el impuesto es municipal”.
