La denuncia contra la ex Gobernadora de Tierra del Fuego se había realizado en función de las consecuencias ocurridas a partir del Decreto 864/19, por la cual se reconoció a la CTA como entidad gremial y creó el registro provincial de asociaciones sindicales, con “la proliferación de cuasi asociaciones gremiales a las que se les reconoció delegados con tutela sindical y licencias o permisos gremiales pagos por el Poder Ejecutivo y por los entes descentralizados y autárquicos”.
Luego de una investigación, el Tribunal de Cuentas de la Provincia determinó que no pudo avanzar en el Juicio de Residencia contra la exgobernadora Fabiana Ríos porque el desorden administrativo, que existió durante su gestión en Casa de Gobierno, le imposibilita comprobar la existencia de irregularidades en el otorgamiento de permisos gremiales, las que fueron denunciadas por la actual gestión de Rosana Bertone.
“Resulta imposible verificar la existencia de un presunto perjuicio fiscal por las inconsistencias, falencias e irregularidades del sistema SIGA, utilizado para el control del otorgamiento de los cupos horarios, así como por la limitación que supuso la falta de remisión de documentación por la Subsecretaría de Asuntos Gremiales”, concluyó el Tribunal de Cuentas, en la resolución plenaria 199/17 fechada el pasado 9 de agosto de 2017; firmada por los vocales Miguel Longhitano y Hugo Pani.