La Justicia de Ushuaia allanó el viernes cinco domicilios de personas vinculadas con el denominado “escándalo de las viviendas futuras” de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) incluyendo la casa del secretario general del gremio estatal, Carlos Córdoba, quien será citado en breve a prestar declaración indagatoria como imputado, según confirmaron fuentes judiciales.
De esta forma, con el avance de la investigación, Córdoba pasó de ser el denunciante del caso ante la Justicia, a convertirse en uno de los sospechosos de participar de la maniobra mediante la que se habrían vendido viviendas de un plan social a personas ajenas al sindicato.
La causa investiga si directivos del gremio se “reservaron” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.
