El Superior Tribunal de Justicia (STJ) avaló el reclamo del Gobierno por la potestad de cobro del impuesto inmobiliario que históricamente era de los municipios, lo que significará unos 200 millones de pesos menos para Ushuaia y Rió Grande.
Oscar Souto, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, informó que están analizando con la secretaría de Asuntos Legales los alcances de la resolución, a la vez que reclamo porque por la falta de independencia de los poderes. «La presentación que hace el Tribunal en su página es absurda, porque mientras plantea que le cede a la Provincia el cobro del Impuesto Inmobiliario, dice que se respeta la autonomía municipal. A mí lo que me gustaría preguntarle a los jueces del Superior Tribunal es qué servicio nos aconseja que suspenda la municipalidad».
Tanto Río Grande como Ushuaia anunciaron que llevarán el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia.
El fallo hace lugar a la acción declarativa de certeza promovida por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y remarca que “la Provincia de Tierra del Fuego resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales”.