Se trata de un proyecto que propone declarar la emergencia en el sistema integral de seguridad pública, orientando recursos para realizar mejoras edilicias en distintas dependencias del Servicio Penitenciario, así como la adquisición de equipamiento y tecnología para la Policía de la Provincia. Con la premisa de orientar fondos para realizar mejoras edilicias en distintas dependencias del Servicio Penitenciario, así como adquirir tecnología y nuevo equipamiento para la Policía de la provincia, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en el sistema integral de seguridad pública por dos años. De este modo, la iniciativa establece que se destinen 5 mil millones de pesos para encarar mejoras edilicias en distintas dependencias donde se alojan personas privadas de su libertad, así como la actualización de software y equipamiento que se utiliza en la Policía fueguina.
Consultado al respecto, el viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, destacó que el proyecto del Gobierno -que ya fue abordado en una reunión de la Comisión N° 6 de Justicia y Seguridad de la Legislatura- se trata de una propuesta más amplia que la presentada en 2023 por el legislador Pablo Villegas (Mopof), que solo apunta a una declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario.
“Lo que planteamos desde el Ejecutivo es un proyecto más integral que contempla, incluso, la posibilidad de articular iniciativas público-privadas, sobre todo con experiencias que se han dado en diferentes partes del mundo y experiencias que también la Nación está analizando sobre esto”, señaló.
“La situación del Servicio Penitenciario no es la óptima en lo que tiene que ver con el crecimiento de la comunidad carcelaria, y la única solución es la construcción de una nueva unidad carcelaria”, remarcó Canals.
De hecho, recordó que “hubo un proyecto hace dos años en Ushuaia y el proyecto no prosperó aunque contábamos con los recursos del Gobierno nacional, pero hoy esos recursos no están y afrontar la construcción de una nueva unidad carcelaria demandaría entre 22 mil y 25 mil millones de pesos, por lo que es muy complejo y no está en la posibilidad del Estado”.