El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, presentará la tercera acción judicial contra las políticas del gobierno nacional desde el inicio de esta gestión. Primero fue un amparo contra los primeros tarifazos, luego una presentación contra el recorte a las asignaciones familiares, y ahora irá por la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que eliminó el fondo de la soja. Con el feriado del lunes, el escrito ingresará el martes con la firma de la UOCRA y la Cámara de la Construcción como sectores directamente afectados, pero no descarta más adhesiones.
Estimó que el monto que recibe el municipio ronda los 35 y 40 millones anuales, y “es una cantidad importante sobre todo en este momento en que uno trata de hacer muchas obras chicas para ocupar mayor cantidad de mano de obra y sostener un poco el empleo.
Tenemos cuadras de pavimento previstas en distintos barrios de la ciudad que se pagan con fondos de la soja y espacios públicos, como plazas y paseos y, si no los podemos afrontar con fondos propios, se van a tener que suspender”, lamentó.