El Ministerio de Educación denunció penalmente a directivos del IPES

El ministro de Educación Diego Romero presentó una denuncia penal contra el rector Jorge Enciso, la vicerrectora Marcela Silvia Canale, la secretaria administrativa y los prosecretarios del IPES Ushuaia. Es por presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. La misma se dio en el marco de una investigación iniciada a partir de las irregularidades detectadas en el manejo administrativo y la carga de novedades en la institución.

 

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Por su parte desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) manifiestaron su “repudio la autoritaria intervención del Gobierno de la Provincia en el IPES Florentino Ameghino de la ciudad de Ushuaia. Se suman a este repudio y se solidarizan también con los docentes del IPESFA, organizaciones a nivel nacional como la CTERA, varios sindicatos de la provincia como SIPROSA (Profesionales de la Salud), SOEM (municipales) y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego , entre otras…

En un comunicado, el sindicato destaca que “El Gobierno se ha encargado, no solo de separar del cargo al equipo directivo (Rector, Vicerectora, Secretaria y Prosecretarias), sino también de difamarlos mediante una operación mediática en la cual las gacetillas del Gobierno son replicadas de forma acrítica por los medios masivos de comunicación oficiales y aquellos medios que se vuelven oficialistas al ser extorsionados por la pauta publicitaria. Pero aún fueron más a fondo y el propio Ministro Diego Romero realizó una denuncia penal contra el equipo directivo, convirtiéndose en el Ministro de Educación más autoritario y perseguidor de trabajadores de la historia de la Provincia”.

“Aunque los medios de comunicación, el mismo Ministro y el Gobierno niegan la intervención y hablan de una “auditoría”, lo real y concreto es que desplazaron al equipo directivo y en su lugar pusieron a un funcionario político del Ministerio de Educación para la administración del Instituto. Esto se llama “intervención” aunque no lo quieran admitir”.

 


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